El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años por la trama de las mascarillas
El Tribunal Supremo dictó el 22 de junio una sentencia que impone 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por su participación en una red de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos durante la pandemia de Covid-19.
El alto tribunal, por unanimidad, consideró acreditada la existencia de una organización criminal integrada por Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, y condenó a García a 19 años y ocho meses de prisión. A Aldama se le impuso una pena de cuatro años y medio, cuya ejecución fue suspendida por su colaboración con la investigación.
La resolución atribuye a los condenados los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Según los magistrados, el esquema se habría comenzado a articular en 2018, cuando Ábalos accedió al Ejecutivo, y cada miembro desempeñó un rol determinado: Aldama captaba empresas y oportunidades, García actuaba como intermediario y ejecutor, y Ábalos utilizaba su posición para influir en decisiones públicas.
Entre las irregularidades que el tribunal da por probadas figura la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama durante la pandemia. Además, la sentencia señala pagos mensuales de 10.000 euros a Ábalos para cubrir sus «gastos fijos», la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas y el abono de una vivienda para una de ellas.
Los magistrados también aprecian indicios delictivos en diversas operaciones inmobiliarias, entre ellas un arrendamiento con opción de compra de un piso en Madrid entre Aldama y Ábalos, así como alquileres en Marbella y La Línea de la Concepción que se relacionan con gestiones vinculadas al rescate de Air Europa y a la obtención de una licencia de hidrocarburos.
La suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Aldama se condicionó a que no vuelva a delinquir, presente informes semestrales sobre sus actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad, medidas que el tribunal vinculó a la utilidad de su colaboración para esclarecer la trama.
La sentencia subraya las consecuencias institucionales de la corrupción política, al advertir sobre el deterioro de la confianza ciudadana y la erosión de la legitimidad de las instituciones democráticas cuando responsables públicos anteponen intereses particulares.
El fallo es la primera gran condena derivada de las investigaciones relacionadas con personas del entorno del Gobierno español y ha reavivado el debate político. La oposición de derecha y ultraderecha ha intensificado sus demandas de responsabilidad y la petición de elecciones anticipadas. El presidente Pedro Sánchez no figura entre los investigados en este proceso, según la propia resolución.