Honduras espera reunión en Washington para abordar situación de beneficiarios del TPS
El gobierno hondureño mantiene la expectativa por la reunión programada para el 3 de septiembre en Washington entre el embajador Roberto Flores Bermúdez y un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el marco de gestiones sobre el futuro de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La cita dará seguimiento a la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que se solicita una alternativa administrativa que permita ordenar la situación migratoria de los hondureños amparados por el TPS.
Entre las opciones que Honduras plantea figuran facilitar asesoría legal para identificar vías de regularización, atender asuntos familiares y laborales, preparar un retorno ordenado y mantener temporalmente autorizaciones de empleo si fuera necesario.
El embajador Flores Bermúdez pidió prudencia sobre los resultados esperados, recordando que las decisiones en materia migratoria corresponden al gobierno de Estados Unidos. Señaló que, aunque prevalece una postura optimista, también hay realismo sobre la posición de Washington y advirtió que este encuentro podría no ser la última gestión diplomática.
Organizaciones y sectores del país han reaccionado ante la agenda. El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, manifestó preocupación y aseguró que persiste incertidumbre entre los beneficiarios del TPS, al tiempo que pidió a la Cancillería una estrategia más clara y coordinada para responder a los afectados.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, pidió que cualquier acuerdo incluya un periodo de transición para un eventual retorno y que el proceso involucre al gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. Qubain sostuvo que los retornados pueden contribuir con su experiencia y que es necesario generar inversión y empleos para su incorporación.
Además, se ha señalado el riesgo económico y social que implicaría el retorno de alrededor de 72.000 hondureños si concluye el TPS, una cifra que autoridades y analistas colocan en el centro de la planificación para evitar impactos negativos en el país.