Gabriela Castellanos cuestiona presunta aplicación selectiva de la justicia en Honduras
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó críticas sobre lo que describió como una aplicación desigual de la justicia en Honduras, en un pronunciamiento divulgado el 26 de octubre de 2026.
Castellanos señaló que medidas recientes, como el requerimiento fiscal contra exintegrantes de la Comisión Permanente y la orden de captura internacional contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, deben evaluarse en conjunto como indicadores del estado de la institucionalidad, y no como hechos aislados.
La abogada puso en duda la independencia y objetividad de los operadores de justicia y planteó si la aplicación de la ley se rige por criterios jurídicos o por conveniencias políticas del momento.
Advirtió además que investigar presuntos abusos de poder es necesario, pero que esos esfuerzos deben equilibrarse con la atención a casos que, según ella, permanecen estancados o no reciben respuestas judiciales oportunas.
Castellanos afirmó que la credibilidad de las instituciones se erosiona cuando algunos expedientes avanzan con rapidez y otros permanecen en mora, y sostuvo que la lucha contra la corrupción no puede medirse únicamente por la presentación de requerimientos fiscales.
Para la directora del CNA, una política anticorrupción efectiva debe incluir investigaciones diligentes, procesos que respeten las garantías legales, resoluciones oportunas y sanciones cuando se pruebe la responsabilidad. También exigió que la igualdad ante la ley se garantice sin privilegios relacionados con el poder o la filiación política.
Finalmente, cuestionó el respaldo automático al desempeño del Ministerio Público y demandó que las decisiones de las instituciones de justicia se adopten con criterios uniformes y transparentes, independientemente de la identidad o la posición de las personas investigadas.