Falta de presupuesto retrasa instalación de circuitos especializados para femicidios y terrorismo
La falta de recursos impide la puesta en marcha de los circuitos judiciales especializados en delitos de terrorismo y femicidios que ordenan reformas recientes al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional el 8 de junio de 2026 y publicadas el 30 de junio en el diario oficial, número 37,181. Esas disposiciones entraron en vigor el 4 de julio y establecen la obligación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de crear órganos jurisdiccionales especializados para conocer estos delitos.
El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, informó que la institución trabaja en la elaboración del presupuesto necesario para habilitar los nuevos circuitos. Pese a que, según autoridades judiciales, ya se designaron jueces para esos circuitos especiales, las limitaciones financieras han impedido su funcionamiento formal.
Vallecillo confirmó que se solicitó un incremento presupuestario de 1,000 millones de lempiras destinado a habilitar los circuitos especiales y mejorar la infraestructura judicial. También manifestó su expectativa de que la Secretaría de Finanzas efectúe las transferencias correspondientes al presupuesto aprobado para 2026.
La especialización prevista abarca además materias laborales, contencioso-administrativas, civiles, niñez y adolescencia, así como procesos vinculados a asociaciones terroristas y criminalidad organizada. En ese sentido, la CSJ desarrolla programas de capacitación para jueces que atenderán causas que requieren conocimientos técnicos y específicos.
Durante un conversatorio organizado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vallecillo subrayó la necesidad de crear mecanismos especializados para resolver los persistentes conflictos agrarios en Honduras, especialmente los relacionados con la tenencia de tierras, con menciones concretas a las disputas en el Bajo Aguán y a controversias sobre tierras de pueblos originarios. Señaló, además, que se examinan experiencias de Costa Rica, Colombia y México para identificar mecanismos aplicables en el país.