Congreso aprueba reformas penales para combatir maras, pandillas y asociaciones terroristas
El Congreso Nacional aprobó el martes 28 de octubre la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, un paquete de reformas integrado por 12 artículos que obtuvo 119 votos a favor.
La iniciativa modifica disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal con el objetivo declarado de desarticular la estructura operativa y la simbología intimidatoria de las organizaciones criminales en el país.
Entre las nuevas penas se establece prisión perpetua por asesinato cuando la víctima sea integrante del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o un funcionario del sector justicia por razón de su cargo. Los cabecillas y los financistas enfrentan sanciones de 40 años hasta cadena perpetua, además de multas de 1,500 a 2,000 días.
Para simples integrantes y colaboradores remunerados se fija una condena de 30 a 40 años de prisión. Colocar grafitis o símbolos intimidatorios se penaliza con las mismas penas establecidas para los integrantes simples. El delito de atentado, cometido por personas que pertenezcan a maras, pandillas o estructuras de crimen organizado, se sanciona con 8 a 10 años de prisión.
La norma también tipifica el uso ilegal de drones: volar drones sin autorización sobre centros penitenciarios se castiga con 4 a 6 años de prisión, y con 6 a 8 años si se introducen objetos prohibidos. La colaboración indirecta —suministro de información, bienes o servicios tecnológicos a estas estructuras— conlleva penas de 20 a 30 años.
En materia procesal, la ley incorpora la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, sin opción a medidas sustitutivas, y ordena su reclusión en módulos o centros de máxima seguridad. Asimismo autoriza a las autoridades policiales y fiscales a realizar allanamientos y registros sin autorización judicial previa cuando existan indicios urgentes de ocultamiento de delincuentes o armamento.
El dictamen habilita peritajes sobre tatuajes y signos distintivos como elementos probatorios de pertenencia a estructuras criminales y otorga a las fuerzas de seguridad la facultad de borrar o destruir grafitis y mensajes intimidatorios en espacios públicos y privados. Además se establece la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria y la implementación obligatoria de identificación biométrica en el régimen penitenciario.
Los cambios introducidos representan una expansión de herramientas punitivas y procesales dirigidas a reducir la influencia de maras, pandillas y organizaciones delictivas en el territorio nacional.