ASJ denuncia uso opaco de 1,837 millones de lempiras mediante partida de emergencia
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó una indagación técnica que señala el uso opaco de 1,837 millones de lempiras vinculados a legisladores de la administración anterior.
El informe advierte que la Secretaría de Finanzas empleó de manera sistemática la partida presupuestaria 449, destinada históricamente a contingencias y emergencias, para transferir recursos del tesoro a dependencias como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación. Ese procedimiento habría impedido la trazabilidad pública de los fondos y su seguimiento dentro de los Planes Operativos Anuales del Estado.
Según la indagación, el flujo financiero alcanzó su punto más alto en 2024, cuando las tres instituciones ejecutoras realizaron en conjunto transferencias por 898.5 millones de lempiras.
El equipo auditor consultó a la Secretaría de Finanzas y al Tribunal Superior de Cuentas; en ambos casos se confirmó que las entidades receptoras no han presentado los informes finales de liquidación que exige la normativa administrativa.
La ASJ cuestiona el uso de la línea presupuestaria de emergencias para financiar partidas relacionadas con becas, cupones y otros programas de asistencia, al considerar que ello distorsiona el propósito de la partida y dificulta el control público de los recursos.
En el componente de subvenciones educativas, el informe identifica a 50 diputados, 30 suplentes y 20 propietarios que gestionaron más de 110 millones de lempiras para la entrega de casi 22,000 becas a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). La mayor concentración de asignaciones se registró en dos fórmulas legislativas: el exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores y su suplente movilizaron cerca de 29 millones de lempiras, mientras que Hugo Rolando Noé Pino y su suplente tramitaron aproximadamente 25.7 millones de lempiras.
Además, la ASJ cuestiona la suscripción de un convenio entre Banadesa y Sedesol que habría invocado causales de confidencialidad consideradas ilegales para impedir el acceso a los expedientes de liquidación.