Organizaciones denuncian ante la CIDH barreras en el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia en Honduras
Organizaciones civiles hondureñas presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por obstáculos en el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), según expusieron en una audiencia celebrada en Panamá durante el 197.º periodo de sesiones del organismo.
Las entidades señalaron que la difusión de una narrativa institucional que califica erróneamente a la PAE como abortiva ha generado bloqueos en su distribución, amenazas al personal de salud y una entrega irregular en zonas rurales. Desde esas organizaciones sostienen que la barrera de acceso se manifiesta de forma desigual según el territorio y las condiciones institucionales.
En la audiencia, una representante de Acción Joven de Honduras explicó que la desinformación sobre la PAE no se limita a los prestadores de servicios de salud, sino que también ha sido replicada por actores del sistema judicial, fiscalías y autoridades legislativas, lo que, según las organizaciones, prioriza prejuicios religiosos sobre la obligación de garantizar derechos en salud reproductiva.
El Estado hondureño defendió ante la CIDH que la venta libre de la píldora se ajusta a la ley y destacó un incremento en las compras del medicamento, así como la implementación de programas sociales y capacitaciones dirigidas a los equipos de salud.
En 2023 Honduras autorizó el uso y la comercialización libres de la PAE, después de que esa opción hubiera estado prohibida y penalizada desde 2009 por considerarse abortiva, pese a que ya había existido una autorización de venta sin receta en 1999. No obstante, las organizaciones advirtieron sobre un riesgo de retroceso en el acceso al medicamento ante discursos en el Parlamento y la postura «provida» declarada por la actual administración.
La Organización Mundial de la Salud determina que las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no provocan un aborto. En Honduras, país con una de las tasas más altas de embarazos adolescentes, el aborto permanece penalizado desde 1977 sin excepciones por riesgo de vida, inviabilidad fetal o violación.
Una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó en la audiencia que el país mantiene un compromiso con la protección integral de la persona en materia de salud reproductiva.