Con desprecio tratan a los extrabajadores de Vida Mejor: enfermos, sin prestaciones y la PGR les pide retirar sus demandas
Tegucigalpa. Rosalía Lemus fue guía de familia del programa Vida Mejor en Choloma. Hoy cuida a un hijo con discapacidad y dice que no le alcanza ni para lo básico. «Mire, yo tengo ahí mi hijo especial y no tengo cómo comprarle los pampers ni nada», relata en un video grabado por el propio grupo de extrabajadores.
Como ella, cientos de extrabajadores del programa llevan cuatro años esperando el pago de las prestaciones que reclaman desde que fueron despedidos en 2022. Varios están enfermos y sin cobertura médica. Otros ya murieron esperando, y sus familias tampoco han recibido nada.
Y desde febrero de este año enfrentan un obstáculo adicional: la Procuraduría General de la República instruyó a la administración pública no contratar a personas con demandas pendientes contra el Estado. Es decir, para optar a un empleo público tendrían que desistir del reclamo por sus prestaciones.
Los guías de familia eran quienes llegaban casa por casa a las comunidades más alejadas. «Trabajamos bajo el sol, bajo el agua, en la pandemia del covid-19, trabajamos también cuando más necesitaban las personas que no podían salir de sus hogares, y nosotros andábamos en lanchas y en todo», recuerda Lemus, que pide al Congreso Nacional que se les cancele lo que consideran ganado.
Marisa Mejía fue guía de familia durante ocho años. «Durante que estuve trabajando me detectaron cáncer. Luché, luché contra este mal y gracias a Dios lo logré superar», cuenta. Asegura que no dejó de trabajar ni en el tratamiento.
Yesenia, otra extrabajadora del programa, grabó su testimonio desde la vivienda donde vive con su familia. «Esta es mi casa, miren: no es de madera, sino que viene siendo como tipo nylon, algo así, y con láminas», dice mientras muestra las paredes. Pide que les paguen la demanda para poder levantar una casa y explica que además cuida a su madre, enferma de cáncer.
Los casos de La Mosquitia
Desde el departamento de Gracias a Dios, Licsa Flores Campo, guía de familia del municipio de Villeda Morales, envió su testimonio y el de otros afectados de la zona. «Espero que esto sea parte de que a todos los guías nuestros sufrimientos los sepan, porque no solo yo estoy en esto, sino que hay varios guías de familia que tienen necesidad», expresa.
Entre los casos que las guías de esa zona han documentado hay personas con discapacidad y enfermos que viven en comunidades a las que solo se llega por agua, sin acceso a atención médica ni ingresos.
Cuatro años sin prestaciones
El programa Vida Mejor fue eliminado en 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, dentro del cierre de dieciséis entes estatales, y fue sustituido por Red Solidaria. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) reportó 616 despidos durante 2022 y 2,393 en el primer año de aquella administración.
Según los propios extrabajadores, la estructura del programa llegó a superar las 15,000 personas solo en la figura de guías de familia. A ellas se suman unos 2,700 del componente Mejores Familias y los gestores del Bono Vida Mejor, con lo que el grupo afectado ronda las 17,000 personas en todo el país.
Los afectados aseguran que fueron separados de sus cargos sin liquidación y sin el pago de sus prestaciones. Por eso interpusieron una demanda colectiva contra el Estado de Honduras, un derecho que la legislación laboral reconoce a todo trabajador despedido de forma injustificada. El proceso sigue sin resolverse.
«Las van a tener que retirar»
El 11 de febrero de 2026, el Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, instruyó a la administración pública que «no estén contratando personas que tengan demandas pendientes con el Estado de Honduras, las van a tener que retirar», según recogió Proceso Digital. El funcionario advirtió además que «será sancionado el titular que omita ese requisito al contratarlos teniendo una demanda pendiente».
Para los extrabajadores de Vida Mejor, esa disposición los deja ante una sola salida: renunciar al pago que reclaman —y con el que muchos esperaban costear su tratamiento médico— a cambio de volver a trabajar.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Ibis Discua Barillas calificó la medida de violatoria de derechos y recordó que «todos tienen derecho al trabajo digno». El abogado y exministro del Trabajo Germán Leitzelar se pronunció en los mismos términos: sostuvo que lo que pretende implementar la Procuraduría violenta los derechos de los trabajadores. Ambos coinciden en que la instrucción choca con el derecho constitucional al trabajo y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por Honduras.
Los afectados solicitan el pago de las prestaciones pendientes desde 2022, que se deje sin efecto la instrucción que condiciona el empleo público a desistir de las demandas, atención médica para los enfermos y apoyo para las familias de los fallecidos. Piden además una mesa de diálogo con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Trabajo.
A siete meses del inicio del gobierno del presidente Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero de 2026, aseguran que su situación no ha cambiado.