Naciones Unidas advierte que reformas penales en Honduras ponen en riesgo derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió una alerta sobre riesgos graves para derechos humanos derivados de las reformas penales aprobadas a finales de octubre de 2026 en Honduras, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
En un comunicado fechado el 12 de noviembre de 2026, la Oficina reconoció los retos que enfrenta el país frente a la violencia, la extorsión y la criminalidad organizada, pero subrayó que las respuestas estatales deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La OACNUDH identificó preocupaciones concretas respecto a los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, en particular por las disposiciones vinculadas al delito de asociación terrorista. Señaló que esas normas podrían afectar garantías fundamentales, entre ellas la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la inviolabilidad del domicilio.
El organismo advirtió que el conjunto de medidas incorpora restricciones excepcionales a derechos que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías. Recordó que tales medidas deben ser excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y estar sujetas a control judicial y legislativo.
Además, la OACNUDH señaló el riesgo de impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad y alertó sobre la posibilidad de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social y en la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) reaccionó a la alerta. Su presidente, Hugo Maldonado, afirmó que organismos internacionales habían advertido observaciones tras la aprobación de las reformas y mencionó que también esperaba pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Maldonado pidió que las recomendaciones internacionales sean analizadas con responsabilidad y sin convertirlas en un conflicto político, y expresó que el Codeh acompañará el proceso para atender posibles víctimas derivados de la implementación de las normas.
El dirigente enfatizó la necesidad de que las autoridades y los cuerpos de seguridad actúen con sensatez y trabajen en alianza con la sociedad, y reconoció que el país podría enfrentar sanciones, aunque subrayó que la prioridad debe ser la paz y la tranquilidad de la población.