Corte de Apelaciones revoca auto de procesamiento contra David Chávez
La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción revocó por unanimidad el auto de formal procesamiento contra David Guillermo Chávez Madison, exdirigente del Partido Nacional y excandidato a la alcaldía del Distrito Central. Con esta decisión el tribunal dejó sin efecto el auto emitido el 28 de mayo de 2025 y las medidas cautelaares impuestas en septiembre del mismo año contra el exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
El fallo se apoyó en una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que examinó la licitación pública internacional 01-2012 para la compra de equipo técnico destinado al Infop en Catacamas, Olancho. El informe del TSC concluyó que la licitación, así como la instalación y la capacitación relacionadas, se realizaron conforme a los procedimientos requeridos y no determinó responsabilidad penal.
A raíz de ese informe, los magistrados resolvieron revocar el procesamiento. Sin embargo, la causa no está cerrada: ambas partes presentaron recursos de reposición ante la Corte. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó que Fiscalía y defensa interpusieron recursos con peticiones contrapuestas.
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional, medida que permitiría un plazo de hasta cinco años para recabar nueva evidencia. La defensa, en tanto, pidió el sobreseimiento definitivo para cerrar el expediente de manera permanente. Los magistrados analizan ahora cuál de las dos solicitudes concederán.
La causa contra Chávez tiene una cronología previa que incluye una orden de captura emitida el 28 de noviembre de 2023 y su retención temporal por migración en el Aeropuerto Internacional de Palmerola ese mismo día cuando intentaba salir del país. El 1 de marzo de 2025 el exfuncionario se presentó voluntariamente ante la justicia y pagó una fianza para seguir el proceso en libertad. El 28 de mayo de 2025 el Juzgado de Letras dictó el auto de formal procesamiento por presuntas irregularidades por L 75 millones relacionadas con el Infop.