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Congreso aprueba por unanimidad reformas para endurecer respuesta contra organizaciones calificadas como terroristas

Congreso aprueba por unanimidad reformas para endurecer respuesta contra organizaciones calificadas como terroristas
Redacción Honduras Hoy 23 de septiembre de 2026 Lectura de 2 min

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley Especial para el Combate a las Asociaciones Terroristas con el objetivo de fortalecer las acciones del Estado contra personas vinculadas a estructuras consideradas terroristas.

Entre las disposiciones aprobadas figura que quienes sean capturados como presuntos integrantes de estas organizaciones serán remitidos a centros penales de máxima seguridad y permanecerán en áreas de aislamiento, incluso durante el desarrollo de su proceso judicial. Las reformas también establecen restricciones al régimen de visitas para los privados de libertad señalados por pertenecer a estas estructuras.

Las visitas de defensores legales estarán sujetas a supervisión por parte de las autoridades penitenciarias, medida que, según lo expuesto en la discusión, busca impedir que las comunicaciones provenientes de los centros penales sean empleadas para coordinar actividades delictivas.

Asimismo, el paquete legal contempla el reforzamiento de los sistemas de interferencia y control de comunicaciones dentro de las cárceles, incluyendo señales de telefonía celular y dispositivos de comunicación satelital, con el fin de cortar los contactos entre internos y miembros de las estructuras criminales en el exterior.

En materia procesal, las reformas incluyen modificaciones al Código Procesal Penal: se elimina la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas para quienes sean capturados por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, esas detenciones serán consideradas como flagrancia y se crearán jueces especializados encargados exclusivamente de conocer los casos relacionados con integrantes de estas estructuras.

Las disposiciones aprobadas buscan endurecer la respuesta judicial y penitenciaria frente al crimen organizado y dar una herramienta legal más rígida para el tratamiento de las personas señaladas de integrar estas agrupaciones.

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