Congreso aprueba Ley de Justicia Energética y ordena reorganización de la ENEE; tarifa queda congelada temporalmente
El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 31 de agosto la Ley de Justicia Energética, una reforma que introduce cambios estructurales en el subsector eléctrico hondureño y establece nuevas reglas para las tarifas, la contratación de energía, la gestión de deudas y la organización interna de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La iniciativa obtuvo 78 votos a favor, incluidos los 49 de la bancada del Partido Nacional y 29 de diputados de otras bancadas, tras una extensa jornada de discusión parlamentaria.
Uno de los efectos inmediatos de la normativa es el congelamiento temporal de la tarifa eléctrica aplicada en el último recibo emitido: no podrá incrementarse durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, plazo que podrá prorrogarse por otros seis meses conforme a lo dispuesto en el texto legal. La medida busca otorgar estabilidad a los usuarios mientras se implementan los cambios estructurales.
La aprobación ocurre en un contexto de ajustes tarifarios previos: la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) había fijado para julio de 2026 una estructura tarifaria que establecía un precio de energía residencial de L4.9706 por kWh para los primeros 50 kWh y L6.4680 por kWh para los consumos adicionales. Durante 2026 la CREE había aplicado ajustes trimestrales al pliego tarifario de la ENEE.
La reforma reorganiza la estatal eléctrica mediante la creación de tres subsidiarias encargadas respectivamente de la generación, la transmisión y la distribución. Estas sociedades operarán bajo la ENEE Matriz y el Estado conservará el 100% de las acciones, según el texto aprobado, con el objetivo de separar funciones operativas sin transferir la propiedad de los activos estratégicos.
La discusión legislativa estuvo marcada por cuestionamientos de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados expresaron inquietudes sobre los cambios corporativos y sus posibles efectos en la propiedad y el futuro de la estatal. Quienes respaldaron la norma rechazaron que implique una privatización y subrayaron que el Estado mantendrá el control total.
En materia de deuda, la ley contempla la condonación para usuarios residenciales que presenten un consumo promedio mensual de hasta 250 kWh, siempre que cumplan los requisitos establecidos y la deuda exista al momento de la entrada en vigencia. El beneficio será de carácter único para un solo servicio residencial e incluye saldos pendientes y cargos asociados, sujeto a revisión del historial de consumo y verificaciones técnicas.
Las municipalidades con obligaciones acumuladas también quedan contempladas: ciertas corporaciones municipales podrán acceder a mecanismos de condonación según las categorías fijadas por la normativa, mientras que otras tendrán la posibilidad de renegociar sus saldos y acordar planes de pago. La norma incorpora además medidas para minimizar la acumulación de nuevas deudas.
Un cambio central afecta la contratación de energía: la ENEE y las empresas distribuidoras deberán realizar nuevas adquisiciones mediante procesos de licitación pública, restringiendo la contratación directa y otros mecanismos que eludieran la competencia. Se prevé el uso de subastas inversas cuando sean técnica, económica y jurídicamente convenientes. La primera licitación deberá iniciarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto y concluir en un plazo máximo de un año.
La ley incluye disposiciones para incentivar la generación con fuentes renovables: se otorgan beneficios fiscales para la adquisición de ciertos equipos solares residenciales, se permite a los usuarios producir energía para su propio consumo y se establece la posibilidad de remunerar los excedentes inyectados a la red conforme a las reglas que se definan.
Respecto al personal, la reorganización preserva los derechos laborales adquiridos: los trabajadores trasladados a las nuevas estructuras conservarán los beneficios del contrato colectivo vigente, según lo aprobado.
Finalmente, se abre un plazo extraordinario de tres meses para que usuarios con conexiones ilegales, medidores alterados u otras irregularidades regularicen voluntariamente su servicio y puedan acogerse a los mecanismos de regularización previstos en la normativa.