Analista Ramón Custodio advierte impacto económico y social por fin del TPS
Tegucigalpa. El analista Ramón Custodio advirtió que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños constituirá un reto migratorio, económico y social para el país, y puso énfasis en la necesidad de una respuesta coordinada ante el posible retorno de compatriotas.
Custodio recordó que el TPS siempre tuvo carácter temporal y que, durante años, las autoridades hondureñas gestionaron extensiones en negociación con el Gobierno de Estados Unidos. Señaló que desde hace varios años se conocía la posibilidad de que ese beneficio concluya y criticó la falta de preparación estatal para ese escenario.
El analista estimó que alrededor de 55,000 hondureños podrían quedar sujetos a deportación tras el fin del TPS y advirtió sobre el efecto que tendría su retorno en la economía familiar y nacional. Usando un parámetro de más de 50,000 personas y un envío anual estimado en 5,000 dólares por persona, Custodio señaló que las remesas podrían reducirse en torno a 250 millones de dólares anuales.
Ante esa proyección, preguntó cuál será la capacidad del Gobierno para suplir los recursos que actualmente ingresan a los hogares hondureños en un contexto de crisis económica. En ese sentido, responsabilizó a gobiernos anteriores y al actual por no haber diseñado con suficiente anticipación una estrategia frente al posible fin del TPS, pese a las advertencias señaladas desde hace aproximadamente tres años.
Para atender el regreso de los migrantes, Custodio planteó la conformación de una comisión interinstitucional que incluya entidades gubernamentales, sociedad civil, empresa privada e iglesias, con el objetivo de diseñar mecanismos de reinserción económica y social. Indicó que el Estado debe definir cómo responderá a quienes no puedan regularizar su situación en Estados Unidos.
Además, Custodio instó al presidente Nasry Asfura a fortalecer la relación bilateral con la administración del presidente Donald Trump para buscar soluciones a los afectados por la medida y avanzar en otros asuntos pendientes entre ambos países. Señaló que Estados Unidos tiene intereses relacionados con casos de personas y empresas hondureñas, por lo que ambos gobiernos deben identificar puntos de consenso para una agenda bilateral.
El analista concluyó que el fin del TPS trasciende lo estrictamente migratorio y representa un desafío económico y social por la posible disminución de remesas y la necesidad de reintegrar a miles de personas al país.