TSC abrirá investigación sobre otorgamiento de plazas en Educación durante el gobierno de Xiomara Castro
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció que revisará la asignación de plazas en la Secretaría de Educación correspondientes al período del gobierno de Xiomara Castro, con el objetivo de indagar posibles irregularidades en la distribución y el uso de recursos públicos.
La decisión se produce tras un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que detectó una caída en la matrícula escolar mientras aumentaba el número de empleados en el sector educativo. La ASJ también identificó desequilibrios en la asignación de docentes y cuestionamientos sobre pagos salariales.
Según el estudio citado, entre febrero de 2022 y enero de 2026 se emitieron 3,664 acuerdos de nombramiento, mayoritariamente durante la gestión del exministro Daniel Esponda. De ese total, 1,964 acuerdos —el 54%— se concentraron en Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central. Además, 2,215 nombramientos, equivalentes al 61%, correspondieron a conserjes, guardias de seguridad y oficinistas.
Los registros señalan que Santa Bárbara recibió 636 acuerdos de nombramiento pese a ocupar el octavo lugar nacional en matrícula escolar en 2025. También se registró un incremento en los nombramientos a nivel nacional, que pasaron de 393 en 2022 a 1,295 en 2024.
Entre las observaciones figura el caso del diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña, a quien se le atribuyeron pagos por cargos en la Secretaría de Educación sin que exista documentación que demuestre el cumplimiento de funciones asociadas a esos nombramientos.
El magistrado Montes Nájera afirmó que el TSC efectuará las indagaciones correspondientes y que, de encontrarse indicios de delitos, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes. Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, calificó la concentración de contrataciones en Santa Bárbara como un reflejo de corrupción y abuso de poder.
La revisión anunciada por el TSC abrirá la etapa de verificación administrativa y, en su caso, las acciones legales que se deriven de los hallazgos.