Entra en vigor decreto que autoriza uso anticipado de bienes y dinero incautados para combatir la criminalidad
El Gobierno oficializó un decreto que permite disponer de forma anticipada del dinero y bienes incautados a estructuras criminales para destinarlos a la lucha contra la delincuencia. La norma, publicada como Decreto No. 227-2026 en el diario oficial, faculta el uso de recursos antes de que se emita una sentencia penal firme con el objetivo de inyectar fondos inmediatos a las instituciones encargadas de la seguridad, la defensa y la administración de justicia.
La distribución de los activos en efectivo, depósitos bancarios y valores bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) será evaluada y aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Para proteger derechos de terceros, la Secretaría de Finanzas (Sefin) registrará una obligación de restitución que obliga al Estado a devolver los recursos si un tribunal ordena su restitución a los titulares.
El decreto establece porcentajes concretos para la repartición de los recursos: Secretaría de Defensa (25%); Secretaría de Seguridad (25%); Ministerio Público (15%); Poder Judicial (15%); OABI (10%); Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (5%); y Agencia Nacional Contra el Crimen (5%).
Se incluyó una excepción explícita respecto a los fondos retenidos a la empresa financiera Koriun Inversiones. Esos recursos no podrán ser liquidados ni incorporados al esquema de distribución anticipada, con el fin de priorizar la restitución a las personas afectadas por el presunto fraude y sujetar su destino final a las resoluciones del proceso judicial correspondiente.
La normativa señala que los bienes y el dinero incautados deberán emplearse exclusivamente en tareas relacionadas con la seguridad, la lucha contra la delincuencia y la atención a víctimas. Además, la asignación anticipada no constituye un comiso definitivo: los jueces competentes conservarán la facultad de determinar el destino final de los bienes conforme al desarrollo del proceso legal.