Congreso impulsa debate sobre Ley de Colaboración Eficaz para enfrentar crimen organizado
El Congreso Nacional incluyó en su agenda la discusión sobre la Ley de Colaboración Eficaz, una iniciativa orientada a proporcionar al Estado un instrumento jurídico para desarticular redes delictivas y fortalecer la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
La propuesta busca crear un marco legal que permita a integrantes de estructuras delictivas ofrecer información veraz y determinante a las autoridades a cambio de beneficios en la reducción de penas privativas de libertad. Según sus promotores, este mecanismo facilita el procesamiento de mandos superiores al usar el testimonio de colaboradores, a diferencia de la figura del testigo protegido, que se centra exclusivamente en medidas de seguridad para el declarante.
El diputado Francis Cabrera, del Partido Liberal, destacó la necesidad de la norma ante las deficiencias operativas y de investigación que, a su juicio, afectan al Ministerio Público. Señaló que la ley podría agilizar la investigación de delitos de alto impacto y contribuir a ubicar y enjuiciar a otros integrantes de organizaciones criminales.
Cabrera también lamentó que la iniciativa haya permanecido sin avances en legislaturas anteriores por lo que atribuyó a una falta de voluntad política, y pidió que el Congreso avance con la dictaminación para permitir que quienes participaron en actos criminales colaboren en los procesos a cambio de una rebaja de pena.
La directiva del Congreso, representada por el secretario Carlos Ledezma, confirmó que la ley forma parte de los debates pendientes pero aclaró que la prioridad actual del parlamento está en el paquete de reformas penales remitido al pleno. Ledezma añadió que aún no existe un dictamen sobre la materia y que la normativa será evaluada en su momento para determinar su impacto en el sistema judicial.
La eventual dictaminación de la Ley de Colaboración Eficaz atiende solicitudes planteadas por la Corte Suprema de Justicia y diversas bancadas, que insisten en no postergar el análisis de este mecanismo anticorrupción. Por ahora, el avance del proyecto dependerá de su incorporación formal en el cronograma de trabajo del Congreso.