¿Quién es Antolino Díaz? El sindicalista que enfrentó a Juan Barahona
TEGUCIGALPA. El nombre de Esteban Antolino Díaz vuelve a sonar alrededor del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), pero su conflicto con la institución no empezó este año. El dirigente que preside el Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop) lleva desde 2025 denunciando persecución sindical, fue despedido en noviembre de ese año y su caso llegó en agosto de 2026 hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Díaz trabajó cerca de tres décadas como instructor del Infop y fue reelecto en 2024 al frente del sindicato. En el camino terminó enfrentado públicamente con Juan Barahona, entonces diputado de Libertad y Refundación (Libre) y una de las figuras históricas del movimiento obrero hondureño.
La protesta de 2025 y el primer choque
El conflicto se hizo visible a inicios de 2025, cuando los trabajadores del Infop mantuvieron 19 días de protesta por lo que describieron como abusos en las contrataciones y plazas asignadas sin concurso. El 22 de febrero de 2025 las partes llegaron a consensos que incluyeron el reintegro de directivos sindicales, la cancelación de despidos y la suspensión de audiencias de descargo.
«Aquí no hay ni vencidos ni vencedores, aquí lo que prevaleció fue el diálogo y los consensos», dijo entonces Díaz. Durante las jornadas de presión había sido más duro: «El director nos trata pésimo. Hay acoso laboral, hay campañas de desprestigio».
El señalamiento contra Juan Barahona
El punto de quiebre llegó cuando el Sitrainfop denunció la contratación de familiares y activistas ligados al entonces diputado Barahona dentro del Infop. Según el sindicato, entre esas contrataciones había una cuñada del diputado con un salario superior a los 60 mil lempiras, además de un hijo y otros parientes en áreas administrativas.
El entonces director del Infop, Carlos Suazo, confirmó públicamente que Barahona sí tenía familiares en la institución, aunque los redujo a «un par»: según su versión, uno trabajaba como vigilante y otro en una plaza administrativa de bajo rango, sin cargos de decisión. El sindicato sostuvo su versión y sumó otro reclamo: la retención de las cuotas sindicales, que según sus cálculos superaba los dos millones de lempiras y más adelante los 3.6 millones.
Díaz llegó a calificar a Barahona como traidor del movimiento sindical y aseguró que buscaban asfixiar económicamente al Sitrainfop por no alinearse con el partido de gobierno.
La contradenuncia: 21 millones de lempiras
El 13 de agosto de 2025 el conflicto cambió de terreno. El director Carlos Suazo presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Díaz por los presuntos delitos de falsificación de documentos públicos, intrusismo profesional y enriquecimiento ilícito. Suazo sostuvo que el dirigente había cobrado alrededor de 21 millones de lempiras desde 2010, con un salario mensual cercano a los 130 mil lempiras, tras ganar una demanda en la que reclamaba sueldo de ingeniero sin tener ese título.
Díaz respondió que sí tiene credenciales: «Tengo mi título de agrónomo, un grado académico que obtuve cuando la Universidad Nacional de Agricultura era escuela; me gradué en 1993». Calificó la acción como un acto desesperado para enlodar su nombre como presidente del sindicato. Se trata de una denuncia y no de una sentencia: hasta la fecha no hay condena en su contra.
El despido de noviembre de 2025
Tres meses después, el 6 de noviembre de 2025, Antolino Díaz fue separado de su cargo de instructor. El acta institucional citó falta de buenas costumbres, hostigamiento, acoso y malos tratos hacia sus compañeros de trabajo.
Díaz lo leyó al revés: «Fue un despido totalmente ilegal sin el pago de los derechos que yo tengo después de laborar 31 años para esta institución». Denunció además que lo despidieron mientras estaba incapacitado. Organizaciones de derechos humanos como Asopodehu y Joprodeh exigieron revertir la destitución.
El caso siguió después del cambio de gobierno
El 27 de enero de 2026 terminó la administración de Libre y asumió Nasry Asfura. En febrero, el nuevo gobierno nombró a Edgardo Loucel como director ejecutivo del Infop. El conflicto, sin embargo, no se cerró con el cambio de autoridades.
El 8 de junio de 2026, acompañado por Joprodeh y Asopodehu, Díaz presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector del Infop, Francisco Suazo Calderón; el exministro de Trabajo, Wilmer Fernández; y la inspectora general del Trabajo, Brenda Vázquez, por presunto abuso de autoridad y violación de derechos laborales.
«Las pruebas que estamos presentando son mi despido estando incapacitado, la audiencia de descargo, y toda la persecución de la que fui objeto», explicó. «Con esta denuncia lo que buscamos es que las personas que hicieron estos abusos de autoridad puedan dar cuentas ante la justicia hondureña».
Ocho días después, el 16 de junio de 2026, el sindicato acudió al Mecanismo Nacional de Protección —del que Díaz es beneficiario— para denunciar que grupos de personas llegaron a las instalaciones del Infop a gritar «¡Fuera Sitrainfop!» y a quemar pólvora. En la misma denuncia señalaron una campaña de desprestigio desde un perfil de Facebook llamado «Sitrainfop Real».
El 6 de agosto de 2026, Joprodeh y Asopodehu solicitaron medidas cautelares a la CIDH a favor de Díaz y su familia, argumentando que el despido y la negativa de las autoridades a garantizar su reintegro constituyen violaciones continuadas a su derecho al trabajo y a la libertad sindical.
¿Un precedente para el movimiento sindical?
El caso deja una pregunta abierta para el sindicalismo hondureño. Juan Barahona construyó su trayectoria dentro del movimiento obrero y fue subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) antes de llegar al Congreso Nacional por Libre. Sin embargo, fue un dirigente sindical quien lo señaló públicamente como parte de una presión contra su organización.
¿Qué ocurre cuando un sindicato denuncia persecución de figuras que vienen del propio movimiento obrero? Por ahora, Antolino Díaz sigue con un proceso abierto en el Ministerio Público al que debe responder por la denuncia que presentó en su contra Carlos Suazo. Del otro lado, su propia denuncia por abuso de autoridad y la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH continúan en trámite.