Congreso aprueba en tercer debate reforma al subsector eléctrico y Ley de Justicia Energética
El Congreso Nacional aprobó en tercer debate, el 31 de agosto de 2026, la reforma integral al subsector eléctrico conocida como Ley de Justicia Energética, con 78 votos a favor. La normativa de 37 artículos busca reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y fortalecer el marco regulatorio del sector.
La ley declara el acceso a la energía como un derecho humano de seguridad nacional y atribuye al Estado un rol protagónico en la operación y control del sistema eléctrico, incluyendo la facultad para renegociar contratos considerados lesivos y establecer reglas más estrictas para los generadores privados.
Se mantiene el carácter 100% público de la ENEE, pero se ordena su escisión en empresas subsidiarias independientes para generación, transmisión y distribución. Estas subsidiarias tendrán autonomía comercial y financiera, estarán sujetas a auditorías independientes y contarán con regímenes propios de compras. La Junta Directiva de la estatal será presidida por el titular de la Secretaría de Energía e integrará a los ministros de Finanzas, SIT, SERNA y un representante del sector empresarial.
El paquete legislativo otorga mayores atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y crea el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como entidad independiente sin fines de lucro, que reemplazará al actual Operador del Sistema en un plazo máximo de 140 días hábiles. El OSM tendrá la responsabilidad de dirigir el despacho nacional, calcular costos marginales y administrar el mercado.
Entre las medidas inmediatas aprobadas figura el congelamiento de la tarifa de la ENEE por seis meses, prorrogable hasta un año; incentivos fiscales para instalaciones solares residenciales; y una amnistía de tres meses para regularizar conexiones ilegales antes de la aplicación de sanciones y la inscripción de infractores en el nuevo Registro Nacional de Cumplimiento.
La ley también prevé la revisión integral de las tarifas, un combate frontal a las pérdidas técnicas y no técnicas, y la reactivación de proyectos estatales de generación. Se formaliza la figura del almacenamiento de energía, se definen reglas para consumidores calificados y se abren «bancos de pruebas regulatorios» para proyectos pilotos de energías limpias.
En materia de contratación, las compras de potencia y energía deberán realizarse mediante licitaciones públicas competitivas siguiendo directrices de la OCDE; además, requerirán aprobación del Congreso aquellos contratos cuyos efectos financieros excedan al siguiente período constitucional.
El decreto establece también la condonación total de saldos vencidos con la ENEE para alcaldías de categorías C y D, mientras que las municipalidades de categorías A y B podrán negociar directamente sus deudas, con la automatización de pagos futuros a través de transferencias gubernamentales.
Como respuesta a contingencias operativas, la reforma ordena la elaboración de un plan estratégico 2026-2027 coordinado con la CREE para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el suministro. Además, obliga a implementar medición inteligente dentro de los 30 días siguientes a la solicitud del servicio.
Finalmente, la ENEE y la Secretaría de Finanzas tienen un plazo de 120 días para presentar al Legislativo un informe auditado sobre la deuda histórica de la empresa junto con un plan estratégico para su liquidación.