Honduras y la ONU revisan avances y desafíos contra las desapariciones forzadas
La comisionada nacional de derechos humanos de Honduras, Blanca Izaguirre, se reunió con la vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Carmen Rosa Villa, para evaluar medidas de prevención y fortalecer la respuesta estatal frente a las desapariciones forzadas.
En el encuentro se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por el CED y al trabajo desarrollado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en materia de desapariciones. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de centrar la atención en las víctimas y sus familias y de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
La reunión se celebró un día antes de la participación de la representante del CED en el foro «Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos», auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Conadeh afirmó que Honduras aún enfrenta «múltiples desafíos» para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas, a pesar de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen la responsabilidad internacional del Estado por la omisión en prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos. No obstante, el órgano defensor consideró que el país tiene la oportunidad de avanzar mediante la adopción de las medidas recomendadas por instancias nacionales e internacionales.
Izaguirre recordó que las desapariciones no son un fenómeno exclusivamente del pasado y urgió a las autoridades a darles atención inmediata. Señaló además que actualmente estos casos pueden vincularse con delitos como la trata de personas, la explotación sexual y los flujos migratorios.
Entre las propuestas planteadas por el Conadeh figura la aprobación de una Ley para la Protección y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que permitiría articular a las instituciones estatales, definir roles claros, crear un registro único y establecer mecanismos de búsqueda, así como brindar atención integral a las víctimas sin revictimizarlas.
En 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una visita oficial a Honduras para valorar los avances en verdad, justicia, reparación y memoria, y para identificar desafíos pendientes para evitar nuevas desapariciones.
